El impuesto ‘fantasma’ del alquiler

Hay un impuesto que abonan pocos en Euskadi y que las haciendas forales tampoco reclaman. Es más, buena parte de sus destinatarios ni siquiera conocen su existencia. Sin embargo, ha salido a la superficie con la aparición de la Ley vasca de Vivienda. Una normativa aprobada en junio de 2015 que, cuando esté listo el reglamento correspondiente, obligará a registrar todos los contratos de arrendamiento que se firmen en Euskadi; y a hacerlo en el organismo autonómico Bizilagun, donde los caseros también deberán depositar las fianzas que se devuelven al final.

Ese impuesto ‘fantasma’ es el de transmisiones patrimoniales (ITP), aplicado al arrendamiento, y en concreto al inquilino. No es una novedad. En todos estos años había que acreditar el abono del ITP en Bizilagun cuando un casero decidía depositar la fianza del alquiler en esa entidad voluntariamente. Ese tributo, cedido a las autonomías, había surgido de una norma estatal de 1993 con el argumento de que el arrendamiento también es una operación onerosa, aunque sólo afecta a las viviendas y no a los locales comerciales, que se gravan de otra manera.

Lo cierto es que el ITP se fue dejando de pagar hasta que llegó un momento en que los ciudadanos corrientes no habían oído hablar de él ni dentro ni fuera de Euskadi. Pero en algunas comunidades todo ha cambiado desde que sus consejerías de Hacienda han cruzado datos con la Agencia Tributaria estatal y han enviado cartas recordando a los arrendatarios que el ITP existe para ellos.

Las misivas se han repartido recientemente en Asturias, la Comunidad de Madrid y Cataluña. Lógicamente, han generado un revuelo social más allá de los lugares donde han sido buzoneadas. «He llamado a mi hija, que vive de alquiler en Madrid para que esté pendiente de si recibe la carta», confiesa una agente de la propiedad del País Vasco.

¿Cuánto dinero le van a pedir a esa joven? ¿Lo saben los estudiantes que comparten un piso? Porque del ITP responden proporcionalmente todos los titulares del alquiler. ¿Lo sabe la familia con recursos modestos que cumple religiosamente con el casero? La sorpresa se la llevó un joven navarro que arrendó una vivienda en Bilbao atraído por una oferta de trabajo. «Me quedé de piedra cuando me enteré de que había un impuesto de transmisiones. Me dije: ‘Pero ¿esto qué es?’».

Treinta días

La respuesta es sencilla: se trata de una cantidad calculada a partir del importe de todo el contrato (y ese importe suele ser elevado en Euskadi). El abono de esa suma se hace en los 30 días posteriores a la firma (el casero es responsable subsidiario), y la administración tiene cuatro años para reclamarla. En el País Vasco la recaudan las haciendas forales (el ITP es un tributo concertado), y se cobran 86 euros en Álava y Gipuzkoa (para un contrato de 600 euros mensuales con una prórroga de tres años) y 130 en Bizkaia.

De todos modos, estimar la cuantía de ese impuesto puede resultar relativamente irrelevante. Un agente de la propiedad vizcaíno insiste en que en el País Vasco las personas que lo pagan pueden contarse «con los dedos de una mano» estén o no informadas de la obligación fiscal. En Gipuzkoa y Álava, territorios que tienen un colegio de agentes conjunto, la experiencia es similar. «En ocasiones la gente ni siquiera sabe a cuánto puede ascender el ITP», explican en esa entidad.

Así están las cosas en Euskadi y en otras comunidades, aquejadas una y otras por penurias presupuestarias para las cuales el ITP no es una solución (su potencial recaudatorio es limitado), pero sí un bálsamo y una tentación; y más si el alquiler gana terreno en España empujado por la crisis, el paro y las necesidades de las familias. El año pasado, Cataluña recaudó 6,4 millones de euros por 64.000 alquileres después de haber subido el impuesto, que afecta de lleno a los jóvenes y a las capas sociales modestas.

En el País Vasco, donde se estima que hay algo más de 80.000 arrendamientos libres y protegidos, la aprobación de la Ley de Vivienda, y la obligación de inscribir todos los contratos a partir de ahora en Bizilagun, ha hecho que algunos se pregunten qué va a pasar con el ITP. Es obvio que en última instancia todo depende de las haciendas forales, que ya reciben la información de los arrendadores y arrendatarios que se deducen o se desgravan sus alquileres en las declaraciones de la renta. Pero aquí también puede influir otro factor: la cuestión es si el Gobierno vasco, además de compartir la información con las diputaciones, seguirá exigiendo que el ITP esté al día, como ha ocurrido cuando el depósito de la fianza en ’ ha sido voluntario.

El Ejecutivo autónomo aún no ha aprobado el decreto que detalla la documentación que los caseros deben presentar en ese organismo. De momento, el proyecto que se ha conocido no dice nada de llevar el papel de que el inquilino ha cumplido con el impuesto de transmisiones, y ello supone un cambio. ¿Desaparece ese requisito? Después de todo, el Gobierno vasco ya va a ingresar enormes sumas con las fianzas (una mensualidad que se devuelve al finalizar el contrato).

Ha habido un debate en torno a esta cuestión en el sector del alquiler. Algunas voces sostienen que las normas jurídicas no tienen que recordar a la gente que los impuestos se pagan. Los agentes de la propiedad también han enviado recientemente alegaciones al Gobierno vasco preguntando por qué el casero no debería cargar con la responsabilidad de que el arrendatario cumpla con el fisco. Y también ha surgido la habitual discusión entre funcionarios: hasta qué punto una administración ha de preocuparse de comprobar que los ciudadanos paguen los tributos que son competencia de otra. A ambas las financia el mismo bolsillo: el del contribuyente.